Investigadora de la U. de Chile: “La distinción entre provida y contra la vida es errada”

ENTREVISTA

“Esta demanda es completamente legítima y va en la línea de lo que son los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres”, comenzó diciendo la médica cirujana y magíster en Salud Poblacional y Sociedad de la London School of Economics, Francisca Crispi, al ser consultada por el aborto sin causales, por el cual, a lo largo de todo el país, han salido a marchar miles de mujeres.

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“Creo que el hecho de que esta marcha esté teniendo una mayor convocatoria tiene mucho que ver con la situación de Argentina, donde la votación en la Cámara de Diputados sobre el aborto sin causales ha activado al movimiento feminista acá en Chile, considerando esa demanda como fundamental. También se ha visto que el aborto en tres causales aprobado en el país tiene limitaciones para que las mujeres puedan decidir, e incluye sólo un mínimo número de casos, un mínimo porcentaje del total de abortos que se realizan en el país, y ha quedado claroque eso no es suficiente para asegurar que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro”, agregó la investigadora.

– En gran parte de los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y en la mayoría de los europeos, el aborto es legal. ¿Qué razones hay tras la instalación de esta política?

La razón de porqué los países desarrollados implementan esta legislación, va en la línea de lo que ha sido la postura de organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la cual en su Manual sobre Aborto Seguro de 2012, y también en uno previo de 2003, explicita que las legislaciones restrictivas sobre aborto no disminuyen el número de abortos; y, por el contrario, las políticas que aseguran el acceso a aborto seguro y sin causales, no aumenta el número de abortos. Lo que nosotros queremos es que los abortos inseguros, que hoy se realizan en la clandestinidad y con una afección mayor a mujeres con menor nivel socioeconómico, se hagan de forma legal y segura en los establecimientos de salud. La experiencia nos habla que no va a disminuir el número de abortos por el hecho de que tengamos legislaciones restrictivas.

– Los antecedentes en Salud Pública son claros respecto al aborto, pero incluso entre los mismos médicos en Chile ha sido complejo avanzar en este tema. ¿Por qué cuesta tanto abrir esta discusión en el país?

En Chile la discusión se ha vuelto más compleja, por un lado, por los sectores conservadores, los cuales mantienen su oposición. Aquí, el debate por el aborto en tres causales tomó mucho tiempo, Chile fue uno de los últimos países del mundo en legislar sobre el aborto para casos excepcionales. Hasta el año pasado no teníamos legislación para ninguna causal, ni siquiera en caso de riesgo de vida de la madre. Eso se debe primero a una legislación que se realizó en dictadura, que prohibió el aborto en todas las causales, y se mantuvo por la presión de sectores conservadores que han hecho que esta legislación sea muy difícil de aprobar. Por otro lado, la cultura patriarcal y del machismo en que nos vemos inmersas tiene mucho que ver en esta discusión. El derecho de las mujeres sobre su cuerpo, para ser reconocido, necesita una legislación que sea concordante. Y si no avanzamos en una cultura que sea menos machista, es muy difícil que avancemos en una legislación sobre aborto.

– ¿Existe hoy alguna caracterización del aborto clandestino en Chile?

En realidad no. Se han hecho algunas estimaciones hace harto tiempo, pero todas son muy gruesas, y hay hartas diferencias entre los autores sobre cuáles son los números de los abortos clandestinos en Chile. Por la condición de ilegalidad es muy difícil cuantificarlo y, hasta la fecha, no existen números certeros. Lo que sí sabemos es que el uso del Misopostrol ha aumentado; lo sabemos por organizaciones de mujeres que apoyan y acompañan a mujeres en situación de aborto, para que tengan un aborto en condiciones un poco más seguras, con el acompañamiento de alguien que sepa del procedimiento.

– En este contexto, ¿qué riesgos corren las mujeres hoy que optan por un aborto ilegal en Chile?

El aborto realizado en hospitales o domicilios de forma controlada es un procedimiento muy poco riesgoso. De hecho, es uno de los procedimientos médicos menos riesgosos. Pero si lo realizamos en condiciones inseguras o ilegales pueden haber muchos riesgos. En caso de aborto con medicamentos, pueden haber riesgos en las dosis. En caso de una complicación -como puede ser una hemorragia- puede ser que por miedo a ser descubierta, la mujer no consulte al centro de salud, o dilate la consulta y eso podría terminar en un shock hipovolémico o incluso en la muerte, si no se maneja de forma adecuada. Hay otros procedimientos que tienen más riesgos aún. Hoy por aborto clandestino, estamos exponiendo a las mujeres al riesgo de una mortalidad que es totalmente evitable.

– ¿Qué beneficios en términos de salud pública podría traer al país la legalización del aborto?

Bueno, podemos ver el caso de Uruguay, donde se legalizó el aborto en el 2012 y antes se aplicó un método de reducción de riesgos y daños, a través del cual se entregaba la información sobre el procedimiento a las mujeres, a pesar que el aborto no era legal. En este país se ve el ejemplo: algunos artículos hablan cómo el contacto de las mujeres con el sistema de salud puede ser beneficioso, por un lado, para que el aborto se haga en condiciones seguras, pero por otro también como una oportunidad para que las mujeres puedan iniciar un método anticonceptivo. O sea, si la mujer consulta por esto, puede ser que después del aborto se vaya con un método anticonceptivo, y no vuelva a ocurrir que quede embarazada sin haberlo planificado. También es una oportunidad que se puede aprovechar para exámenes de enfermedades de transmisión sexual; y, por último, tenemos todo el tema de la seguridad, que afecta especialmente a las mujeres de menores recursos.

– Este es un debate que en Chile y en los países de la región se plantea mucho en términos de una discusión sobre la vida: Ser provida o estar contra la vida. ¿Qué piensas sobre eso y en qué pilares debería fundarse esta discusión?

La distinción entre provida y contra la vida es errada, esta discusión es sobre los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y el derecho de las mujeres a desarrollar su sexualidad de manera libre y plena. En ese sentido, vemos el caso de Uruguay, en el que después de legalizar el aborto, la mortalidad materna cayó a su nivel más bajo de todo Latinoamérica, y eso para mí habla de que no hay un bando que sea ‘antivida’, porque ahí se ayudó a mejorar los niveles de mortalidad materna para que menos mujeres murieran en estas condiciones. Creo que el centro de la discusión tiene que estar en los derechos y la seguridad de las mujeres, y no en estos argumentos que no tienen mucho que ver con la evidencia que vemos en la práctica.

– La demanda que hoy levantan las mujeres no es sólo por el aborto, sino también apunta a la educación sexual y los anticonceptivos. ¿Está al debe el país también en ese sentido?

Chile tiene una deuda muy grande sobre todo con la educación sexual. Vemos que hasta ahora los programas sobre educación sexual son insuficientes, evaluados como deficientes en comparación a América Latina, y esto tiene resultados, como por ejemplo, los niveles de transmisión de VIH que hemos visto que han subido muchísimo en el último tiempo; también está el embarazo adolescente. Todo eso es resultado de una política de educación sexual que ha estado marcada por un conservadurismo y una falta de integralidad de abordar la educación sexual durante la educación escolar desde edades muy tempranas. Para eso ha habido harta resistencia y es una deuda sin duda con nuestros niños, niñas y adolescentes poder generar una política de educación sexual que les dé mayores herramientas para poder decidir sobre su sexualidad. En términos de anticonceptivos también hay una falta de cobertura que podríamos mejorar a nivel de atención primaria, para que un mayor número de mujeres no tenga embarazos que no sean deseados.

Francisca Crispi

*Francisca Crispi es investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la U. de Chile

Fuente: Comunicaciones Universidad de Chile

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