Estado saqueador
EDITORIAL
Ya son varios los municipios que han anunciado la presentación de acciones legales contra el Estado por su incapacidad demostrada para resguardar el orden público durante las masivas manifestaciones sociales desarrolladas en el país a partir del 18 de octubre.
Los habitantes de Valparaíso saben de qué se trata este abandono. Con el paso de los días, ha quedado más que claro que el accionar policial solo está dirigido a reprimir directamente la protesta social, dejando de lado la protección de negocios y otros locales comerciales. El panorama en la céntrica calle Condell es, en ese sentido, el funerario recuerdo de esta inacción gubernamental.
No hay que olvidar que solo Carabineros y la PDI están facultados por ley a resguardar el orden público y la seguridad. Y que en el caso de Carabineros, responden directamente a las autoridades de Gobierno. En territorio porteño, la Intendencia. Ahí está la responsabilidad política. En otros lados, existirían otros responsables. La comuna de La Cisterna, en la capital, apuntó su querella directamente contra el Ministro del Interior. Todo, justo en momentos en que el anterior Ministro del Interior (Chadwick) es acusado constitucionalmente en el Congreso, por su responsabilidad en graves violaciones a los Derechos Humanos.
Lejos de este ajedrez judicial, en la calle, se percibe que la gente tiene clara la película. No hay muchas lecturas. Se adivina una intención de dañar a Valparaíso, quizás porque así se daña una alcaldía opositora al gobierno, que además propone una nueva forma de gobernar y administrar el territorio. Pero se entiende también que es una situación que se ha repetido en otras comunas del país, y que a pesar de todo el vaivén, Valparaíso y Chile en general siempre han sabido levantarse y volver a caminar.
Las acciones judiciales presentadas por los municipios contra el Estado deberían entonces sentar un precedente y cambiar la lógica que existe en torno a temas como la seguridad, la distribución de los espacios urbanos, el derecho a la vivienda y el acceso a la salud, entre otros. Porque no solo hay abandono del Estado cuando los Carabineros pasan de largo por al lado de los saqueadores sin hacerles nada. También lo hay cuando en el hospital faltan camas, o cuando hay familias completas viviendo en hacinamiento habitacional.
En ese sentido, la potente aparición del concepto de “dignidad” que ha marcado fuerte la protesta social chilena, a nivel discursivo y simbólico, debería servir como guía o sentido común a la hora de avanzar hacia lo que nos hemos propuesto como ciudad, como país y como humanidad, que no es más que la superación de este Estado saqueador, y su reemplazo por un Estado solidario donde todos tengamos ganado el derecho de vivir en paz.
